El altruismo de la banca

Ante la actual crisis sanitaria que afronta el país – producto del avance de la pandemia que pone en evidencia la escasez de recursos económicos en el sector público – el pasado viernes 27 de marzo, Banco del Pichincha anunció la apertura de una cuenta con una donación inicial de USD 10 millones. El fideicomiso tiene como objetivo generar alivio en el sistema de salud ecuatoriano, a través de la compra de insumos médicos tales como mascarillas, respiradores, pruebas de detección de covid-19, entre otros.

¡Enhorabuena! La iniciativa privada es y será siempre bienvenida, más aún en momentos tan críticos como los que atraviesa el país. En ese sentido, oponerse a tal propuesta por el simple hecho de que provenga de la banca sería un flagrante acto de dogmatismo y fundamentalismo. Sin embargo, no es posible quedarse en las meras formas; la complejidad de la situación, exige abrir el espectro de análisis para considerar otras variables y actores. 

Por tal motivo, se podrá entender la dinámica de la esfera privada solo a través de su interacción con el Estado. En esa confluencia de actores el problema de fondo salta a la vista: la crónica ausencia de lo público, tanto en el plano político como económico. 

En estos últimos años Ecuador ha presenciado un desmantelamiento del aparato estatal en todos sus sectores, así como enormes recortes de su presupuesto. Por citar un caso particular, la ejecución destinada al rubro de Salud cayó USD 66 millones en el bienio 2018-2019. Nunca será el momento ideal para enfrentar una crisis de tamañas magnitudes, no obstante, la precaria situación a escala institucional, de infraestructura y presupuestaria, en la que se encontraba subsumido el país, mermó aún más la capacidad de reacción del gobierno nacional (si es que la hubo). 

Ahora bien, lo que está en juego en el conflicto entre quienes defienden las iniciativas del sector privado, como la mejor manera de distribuir recursos, y aquellos que reivindican la preponderancia de lo público, como eje central en dicha asignación, es la disputa por la hegemonía de una forma de entender la sociedad. Supeditar cualquier política estatal a las donaciones, ayudas altruistas y caridad de los sectores más empoderados (por más bien intencionadas que sean), estructura una configuración colectiva de cómo entendemos – y valoramos – no solo los bienes esenciales (salud, educación, seguridad), sino también su provisión y las relaciones de poder inherentes a la misma.

Mercantilizar estos bienes esenciales nos inserta en una lógica individualista abstraída del concepto de clases sociales, en donde gozo de los mismos en función de mi esfuerzo. Cualquier asimetría económica queda, así, no solo incuestionada, sino naturalmente aceptada (si están arriba será porque son más productivos). En consecuencia, un gesto solidario y desinteresado de los grandes grupos económicos para con el común de la población se torna socialmente incuestionable y peligrosamente normalizado.  

De esta forma, el bien público queda reducido al placer y goce de pocos, cuyo grado de filantropía definirá la cantidad de sobras que quede para el resto. 

Por otro lado, entender que ciertos bienes y servicios se encuentran por fuera de la racionalidad del mercado lleva a comprenderlos de una manera sustancialmente distinta; en tanto derechos intrínsecos a cualquier ciudadano, más allá de su origen, etnia o clase. Para que lo anterior suceda es necesario contar con un Estado sólido, instituciones fuertes y correctos mecanismos de transmisión de políticas. En efecto, la factibilidad económica de este escenario excede los USD 10 millones. 

Sin embargo, no existe falta de recursos. Más aún, el problema no es si se puede recaudar (técnico), sino a quién se tiene que gravar (político). Según estudios realizados en 2019 el fraude contable en la remisión tributaria en los últimos años, por parte de los Grupos Económicos concentrados, fue de USD 6.780 millones (sí, el 6% del PIB). Asimismo, mientras el país atravesó el último lustro (2015-2019) con un magro crecimiento, aumento de la pobreza y desigualdad,  al igual que un creciente deterioro de las condiciones laborales, los bancos en conjunto obtuvieron una ganancia neta (descontando impuestos y utilidades de trabajadores) de USD 2.121 millones. 

Después de analizar estas cifras el monto de USD 10 millones por parte de Banco Pichincha, aunque nadie duda de sus correctas intenciones, pierde relevancia. 

En conclusión, el sector privado es un actor esencial en la economía y sus aportes e iniciativas deben ser valoradas. No obstante, naturalizar y enaltecer gestos de bondad por parte de los sectores más ricos del país, sin cuestionar la irrisoria concentración de riqueza y la ausencia de un aparato público que vele por los más desprotegidos, puede llevarnos como sociedad a un peligroso reduccionismo que legitime las injusticias sociales y económicas que acucian al país.  

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