3 años del binomio Moreno-Lasso

El domingo 2 de abril de 2017 tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. En principio, dos modelos de país, visiones de sociedad y políticas gubernamentales se sometieron al voto popular para definir la ruptura o continuación del modelo anterior. Por un lado, el binomio Lasso-Páez encarnaba el puro concepto de democracia liberal en lo político, y libre mercado en lo económico, así como una aproximación de la sociedad donde primaba el derecho a propiedad privada en detrimento de conceptos como la justicia social. Por el otro, la dupla Moreno-Glass significaba la extensión del modelo político, económico y social aplicado en la década anterior (2007-2017), en el cual, pese a sus errores, se buscó atacar las desequilibradas relaciones de poder imperantes en la época a través de un rol más activo del Estado, y sus mecanismos de política pública. Había una sola diferencia con respecto a los mandatos del economista Rafael Correa, y residía, inicialmente, en las formas más no en el contenido.

En los albores de 2017, bien por el incesante discurso mediático enarbolado por los medios de comunicación concentrados, bien por un inherente desgaste de ciertos canales institucionales entre la sociedad y el Estado -propio del ejercicio del poder durante 10 años- el país ‘necesitaba’ (así lo entendió también el oficialismo de aquellos momentos) un cambio en las formas de gobernabilidad: menor confrontación, frontalidad y exacerbación de los ánimos sociales. La figura del Lenín Moreno se mostraba así, como aquella capaz de permitir la continuación de un proyecto político con meros ajustes “superficiales”.

Sin embargo, no mucho tiempo después de la ajustada victoria de Alianza País, se evidenció que el tan pregonado cambio trascendía las formas. En efecto, el giro se encontraba no solo en el plano ideológico sino también en la misma concepción del proyecto nacional. Del Programa de Gobierno 2017-2021, presentado por Alianza País al Consejo Nacional Electoral (CNE) y, más importante aún, puesto a disposición a la sociedad durante el período electoral, apenas quedaban atisbos de lineamientos generales y ambiguos, así como el membrete del movimiento. El contenido había sido vaciado casi en su totalidad. Los poderes fácticos – las oligarquías, los medios de comunicación, el sector financiero, los propietarios de los grupos económicos concentrados y los grandes importadores –, otrora marginados del efectivo ejercicio del gobierno democrático, paradójicamente aún después de haber sido derrotados en las urnas, volvían a cooptar el Estado como durante tantas décadas lo supieron hacer.

Continuamente durante estos últimos tres años, muchas veces de manera contradictoria, el aparato mediático se ha encargado de difuminar y oscurecer este proceso que dislocó la dinámica formal de la democracia y el efectivo ejercicio del poder. No obstante, es imposible tapar el sol con un dedo. Si bien la mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas rechazó el plan de gobierno de las élites, fue este último el que irónicamente se ha implementado durante la presidencia de Lenín Moreno. A continuación, se presentan los puntos neurálgicos de la matriz de metas del Plan de Trabajo[1] de la alianza SUMA-CREO:

Objetivos Específicos

Actividades

Supuestos

Impulsar Generación de empleo

Ampliar las modalidades de contratación y simplificar los requisitos para incorporación y desvinculación.

Adecuar la normativa a otras modalidades de contratación y mejores prácticas internacionales para hacer más competitivo y dinámico el mercado laboral.

Implementar las zonas de generación de empleo mediante beneficios tributarios

Las zonas de libre comercio son un factor dinamizador de la economía al exonerar de impuestos y aranceles la producción y comercialización de bienes y servicios. Todo esto favorece a la creación de nuevos empleos.

Mayor apertura comercial

Mejorar el acceso al mercado de los principales socios comerciales de Ecuador y a las mayores economías del mundo mediante la suscripción de acuerdos de comercio e inversión

Mayor apertura al comercio está correlacionada con mayor prosperidad medida en términos del PIB. Esto genera mayores oportunidades para todos los ecuatorianos.

Reducir los costos tributarios, arancelarios y otros de competencia del Gobierno que incidan en el comercio interior y exterior.

La mayor apertura al comercio exterior introduce ganancias en productividad para las empresas y el comercio. Un entorno regulatorio más eficiente y competitivo hace más dinámico el funcionamiento de los mercados y genera oportunidades para emprendedores y empresas.

Fortalecer el sector productivo

Promover las alianzas público-privadas con la mayor transparencia en todos sus procesos

Introducir la eficiencia, rendición de cuentas e incentivos del sector privado en la gestión de recursos públicos o de competencia del Estado.

Ejecutar una reforma fiscal y tributaria

Simplificar el régimen tributario, reducir la carga tributaria y el costo de cumplimiento de los tributos

Menos costos operativos para los negocios significa más flujos o capital de trabajo disponible para crear valor.

Devolver al Banco Central la autonomía e independencia técnica para preservar la estabilidad macroeconómica y blindar a la dolarización.


Eliminar el monopolio legal en la operación y manejo del dinero electrónico en Ecuador.

La competencia es el mejor incentivo para la provisión de servicios de calidad.

Mejorar la confianza en el entorno institucional para la creación de riqueza y aumento de la productividad sostenida

Un país donde prevalece el Estado de Derecho y con una economía libre y competitiva genera mejores resultados que un régimen autoritario y con una economía controlada por el Estado.

Racionalizar el sistema de subsidios a combustibles e introducir la competencia en la provisión y abastecimiento de derivados.

La asignación eficiente de recursos públicos debe estar dirigida a las personas en condiciones de extrema pobreza o en situación de riesgo permanente. Para que la ayuda sea sostenible es imprescindible racionalizar los recursos y brindar los incentivos adecuados.

Desinvertir en empresas públicas y compañías donde el Estado tenga participación accionaria mayoritaria para ampliar la participación del sector privado.

Para atraer financiamiento e inversión nacional e internacional, hay que abrir el capital accionario a otros socios que pueden aportar con su experiencia y recursos en beneficio del desarrollo local y nacional.

Mayor participación de la sociedad civil y empresa privada en búsqueda de soluciones de problemas públicos

Transferir la gestión de áreas verdes a la sociedad civil o empresas privadas para su protección y conservación y dar incentivos tributarios para proyectos de forestación y conservación

Introducir la eficiencia, rendición de cuentas e incentivos del sector privado o sociedad civil en la gestión de recursos públicos.

Permitir la participación de la empresa privada en el servicio de seguridad ciudadana.

Fortalecer la seguridad ciudadana ampliando otras modalidades que complementen el rol de la Policía Nacional

Implementar una reforma institucional del Estado

Convocatoria a consulta popular sobre: Reelección Indefinida y renovación de autoridades de control y supervisión

Ratificación popular sobre reelección indefinida y renovación de autoridades de control y supervisión.

Reestructurar el presupuesto de la seguridad social.

El IESS es una entidad autónoma y por lo tanto los fondos de seguridad social no pueden ser usados a discreción del Gobierno de turno.

Transformar la seguridad social a través de un sistema mixto de pensiones con sistema de capitalización individual y un componente solidario

Ante la posible quiebra del sistema de pensiones a largo plazo, es esencial diseñar un sistema eficiente, sostenible y mantener el componente solidario.

Transformar el Sistema Educativo

Incrementar la cobertura educativa en las zonas rurales permitiendo otras modalidades de provisión del servicio

Facilitar la provisión de otros sistemas educativos orientados a resultados y que permitan mejorar el acceso a una mejor educación en comunidades rurales.

Reestablecer autonomía universitaria mediante una nueva Ley de Educación Superior.

La libertad y autonomía universitaria son esenciales para garantizar una educación de excelencia para una sociedad libre.

Optimizar el sistema de salud

Promover la participación del sector privado en el financiamiento, construcción y operación de la red pública de hospitales públicos.

Introducir la eficiencia, rendición de cuentas e incentivos del sector privado en la gestión píblica.

La superposición en criterios y políticas gubernamentales entre dicho plan y lo realizado por Alianza País, con Lenín Moreno a la cabeza, es asombrosa. El eje conductor que articula todas las actividades propuestas y les da un marco homogeneizante es el discurso neoliberal de desinversión estatal, avance del mercado, en tanto articulador de la reproducción social, y focalización de las políticas públicas. Es más, no solo es la agenda política que inconstitucionalmente se le impuso a la sociedad, sino que muchos de estos preceptos se encuentran en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2018.

Entre todos ellos, se mencionan algunos de los más importantes. Simplificación de los requisitos de contratación y desvinculación – con el supuesto de que esto volverá más competitivo y dinámico el mercado de trabajo (precarización laboral). Suscripción de acuerdos comerciales y de inversión basados en una lógica de aperturismo totalizante: menor restricciones por parte del Estado en el sector externo conlleva mayor prosperidad – para el mercado.

Asimismo, promoción de alianzas público-privadas generando “incentivos” para el sector privado, de forma tal que progresivamente administre los recursos públicos y gestione competencias del Estado. Simplificación – promoción de impuestos regresivos sobre el consumo – del régimen tributario, reduciendo su carga. Como si se tratase de una ley física, se plantea la devolución (a la banca privada) de la “autonomía” del Banco Central del Ecuador, así como la eliminación del monopolio legal en la operación del dinero electrónico. Por otro lado, la racionalización del sistema de subsidios a los combustibles cimentada en la lógica de focalización de las políticas públicas pregonada por la óptica neoliberal.

Finalmente, como si todo lo anterior fuera poco, se boga por la desinversión y desfinanciamiento de las empresas públicas abriendo el capital accionario al sector privado. De la misma forma, vale mencionar la intención de cambiar la estructura del sistema de seguridad social hacia uno de capitalización individual: de nuevo, se esgrime la mercantilización de lo público como aquella salida que permite ganar en eficiencia.

Algunos podrían argumentar que el gobierno de Lenín Moreno ganó las elecciones democráticamente vía elección popular, lo cual es correcto. En sentido schumpeteriano, las condiciones mínimas del funcionamiento de la democracia, -entendida como un método político- no fueron trasgredidas, toda vez que los agentes llegaron al poder mediante mecanismos electorales.

No obstante, vale la pena preguntarse ¿Qué se entiende por democracia? ¿Existe un concepto único y abarcativo? Más aún, ¿Es posible entender esta forma de gobierno como un set de requerimientos formales – elecciones, sufragio universal, libertad de prensa y ciertos derechos político y civiles – que funjan de referencia a partir de los cuales se pueda catalogar a un arreglo institucional como democrático o no?

El análisis invita a plantear un controversial punto ampliamente investigado por el politólogo estadounidense Robert Dahl[2], y es ¿en qué medida el proceso político democrático trasciende la sola formación de un gobierno? En otras palabras, para catalogar a una forma de gobierno como democrática ¿bastaría o no con el cumplimiento de un umbral mínimo de acciones institucionalizadas que se repitan a lo largo del tiempo en función de parámetros de transparencia y eficacia?

En este sentido conviene usar la aproximación de Dahl al objeto de estudio. Según sus términos, la democracia sería un tipo ideal (poniéndolo en términos weberianos) o utopía teórica que se extiende sobre un espacio continuo. A tal efecto, el autor introduce el término de “poliarquía” como una categoría anclada en la praxis política y que según, los avances o retrocesos de los marcos constitucionales en función de ciertos criterios multidimensionales[3], se acercaría o no al concepto de democracia.

Más allá de las críticas que ha suscitado su trabajo seminal, la obra enriqueció el debate académico y político, puesto que puso en cuestión el amplio acuerdo reinante de ese momento acerca de circunscribir la democracia al análisis únicamente de los métodos de elección y formación de gobierno. Asimismo, incorporó el impacto asimétrico que la distribución de los recursos económicos puede llegar a tener en la efectiva participación del proceso político de la sociedad (Munck, 2007).

En efecto, uno de los requisitos para el correcto funcionamiento de una “poliarquía” es que el Estado pueda asegurar no solo la existencia, sino la independencia de instituciones que controlen las políticas gubernamentales elegidas en función del voto popular que les dio el poder. Aquello implica entender la democracia de forma más extensa y dinámica.

¿Existían en Ecuador los mecanismos constitucionales para controlar la estricta ejecución y apego a la agenda política que ganó las elecciones en 2017? La respuesta es sí. Entre las tres causales de destitución del cargo ejecutivo tipificadas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y en concordancia con el Artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se encuentra el incumplimiento del plan de trabajo del Gobierno[4].

Sin embargo, la cooptación por parte de los poderes fácticos, a través de la instrumentalización de la funciónejecutiva, de las instituciones de control ciudadano y del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) fue contundente, impidiendo el uso constitucional que el pueblo o la Asamblea podían hacer de esta herramienta.

La idealización romántica del concepto de democracia, sobre todo desde lo que Huntington llamó la tercera ola democrática, ha tenido un efecto secundario peligroso y dañino a la vez; se ha perdido la capacidad crítica al aprehender el objeto de estudio. En ese sentido, es necesario incorporar nuevas categorías al concepto de democracia que permitan trascender las formalidades electorales y de libertad de prensa empoderando al pueblo, y dotándolo de la capacidad activa de participar y controlar la toma de decisiones durante el mandato tanto del legislativo como del ejecutivo.

En conclusión, si no se pone énfasis en estas cuestiones el ‘juego’ democrático seguirá siendo funcional a las élites latinoamericanas, aparentando regímenes supuestamente inclusivos y populares, cuando en realidad, tras bambalinas, son pocos y los mismos quienes usufructúan de los beneficios del poder.

Bibliografía

A. N.-2. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its Critics. New Haven, CT: Yale University Press.

Munck, G. (2007). The Study of Politics and Democracy: Touchstone of a Research Agenda. In G. L. Munck, Regimes and Democracy in Latin America (pp. 28-38). New York: Oxford University Press.

Nacional, A. (2010). Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Quito: Asamblea Nacional.

  1. Fuente: http://cne.gob.ec/images/d/2016/Elecciones_2017/Plan_de_Trabajo/ALIANZA%20CREO%20-%20SUMA-1.pdf

  2. (Dahl, 1989)

  3. Para un análisis detallado de los puntos planteados se recomienda revisar el texto original de Dahl (1989).

  4. Fuente: Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)

Diálogos Con La Kolmena – Entrevista Al Defensor Del Pueblo Dr. Freddy Carrión

Powered by Restream https://restream.io/ Crisis de los Derechos Humanos en tiempo de COVID-19.

AL SUR DEL PANAL – RAFAEL CORREA

Powered by Restream https://restream.io/ Coronavirus y hegemonía, la disputa por la nueva normalidad.

Deja una respuesta